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Código Oficial * Ej: PNL-123/2024-IX

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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
Alberto Izquierdo Vicente, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria del Partido Aragonés- Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de establecer mecanismos de compensación para los municipios aragoneses que albergan centros penitenciarios, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La existencia de centros penitenciarios en determinados municipios de Aragón representa, sin lugar a dudas, una contribución significativa al interés general del Estado. Estas infraestructuras, de titularidad y gestión estatal conforme al artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española, cumplen una función esencial en el sistema de justicia y reinserción social. Sin embargo, su implantación en el territorio conlleva una serie de impactos relevantes que recaen de forma directa sobre los ayuntamientos que las acogen y sobre su población.
La presencia de un centro penitenciario puede condicionar el desarrollo urbanístico del municipio, su imagen pública e incluso su proyección turística o residencial. A esto se suma el esfuerzo económico adicional que deben asumir los ayuntamientos en cuestiones como el refuerzo de los servicios de limpieza, alumbrado, mantenimiento de accesos, movilidad, atención social o seguridad, debido al tráfico asociado al centro, tanto de personal como de familias y usuarios.
A pesar de ello, no existe actualmente en España un mecanismo de compensación específico que reconozca esta situación. Los municipios que soportan estas infraestructuras no reciben ayudas ni transferencias finalistas por parte del Estado que compensen los efectos directos o indirectos que esta situación genera.
En Aragón, esta realidad afecta de forma especialmente clara a los municipios de Zuera y Daroca, que acogen desde hace décadas sendos centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. Estas localidades han mostrado siempre un alto grado de colaboración institucional y responsabilidad con el conjunto del país, asumiendo con dignidad su papel dentro del sistema penitenciario español. No obstante, es razonable y legítimo que reclamen, de forma coordinada y constructiva, una mayor implicación de la Administración General del Estado en el sostenimiento de los costes que esta función les supone.
Esta reivindicación no es aislada ni exclusiva de Aragón. En fechas recientes, la Comunidad Autónoma de Galicia ha impulsado una iniciativa conjunta desde el ámbito municipal, que ha sido respaldada por su Parlamento, para abrir una línea de diálogo con el Gobierno de España con el fin de establecer un sistema de compensaciones justo para los municipios que albergan centros penitenciarios. Se trata de una propuesta con visión de Estado, centrada en la equidad territorial y la corresponsabilidad institucional.
Desde el Partido Aragonés, convencidos de que Aragón debe hablar con voz propia en los asuntos que afectan a su territorio, consideramos que el Gobierno de Aragón debe sumarse de forma activa a esta corriente propositiva. No se trata de confrontar, sino de construir soluciones que reconozcan el papel de nuestros municipios en el engranaje institucional del Estado, y de garantizar que ese esfuerzo no recaiga de forma exclusiva y desproporcionada sobre unas pocas localidades.
Proposición No de Ley
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
Realizar, en colaboración con los ayuntamientos implicados, un informe técnico que analice los efectos socioeconómicos, urbanísticos y presupuestarios que conlleva albergar un centro penitenciario de titularidad estatal.
Abrir una vía de diálogo con el Gobierno de España, en particular con el Ministerio del Interior, para explorar fórmulas de compensación a los municipios afectados, ya sea mediante transferencias específicas, programas de colaboración o prioridad en líneas de inversión estatal.
Establecer un marco de trabajo estable entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y los ayuntamientos afectados, con el objetivo de consensuar propuestas y reforzar la posición aragonesa ante el Estado.
Trasladar este acuerdo al Ministerio del Interior, al Ministerio de Política Territorial, a los ayuntamientos aragoneses que albergan centros penitenciarios y a la FAMCP.
Solicitar al Gobierno de España que impulse un marco normativo o financiero que permita establecer mecanismos de compensación a los municipios que acogen centros penitenciarios de titularidad estatal, teniendo en cuenta su contribución al interés general y el impacto local que esta responsabilidad implica.
El Portavoz
Alberto Izquierdo Vicente
En Zaragoza, a 26 de junio de 2025

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